Los audios conocidos esta semana sobre presiones armadas para favorecer electoralmente a Iván Cepeda deberían preocupar incluso a quienes consideran que no existe ninguna coordinación entre su campaña y estructuras ilegales. En las grabaciones, atribuidas a disidencias armadas, se habla explícitamente de presionar comunidades y “apretarlas cuatro años más” para influir en el sentido del voto. La dimensión del episodio no depende únicamente de si existe un delito atribuible al candidato. La discusión central es que Colombia sigue teniendo enormes dificultades para enfrentar escenarios donde el miedo altera la competencia política sin dejar necesariamente un vínculo criminal comprobable.

Cepeda reaccionó rechazando públicamente cualquier presión sobre el electorado y pidió investigaciones. Hizo lo mínimo que cualquier candidato democrático está obligado a hacer. Pero cuando estructuras armadas aparecen promoviendo una candidatura presidencial mediante amenazas e intimidación territorial, el debate no puede agotarse en un comunicado de prensa. Debería traducirse en acciones concretas para garantizar transparencia electoral en las zonas mencionadas, desde verificaciones independientes hasta acompañamiento reforzado de organismos de control y observación electoral. Quien aspira a gobernar no puede limitarse a negar una relación ilegal. También tiene la responsabilidad política de........

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