CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La elección popular de integrantes del Poder Judicial de la Federación ha suscitado un debate legítimo sobre su independencia. Sin embargo, más que abordarlo desde una lógica de alarma doctrinaria, es indispensable examinarlo con mirada estratégica: como una posible herramienta para reforzar la gobernabilidad democrática, mejorar la eficacia institucional y consolidar una certeza jurídica entendida no como abstracción retórica, sino como una condición operativa para el desarrollo del país. Veamos.

Primero. En una nación donde la justicia ha sido tradicionalmente lenta, disfuncional y muchas veces distante de la realidad social, esta reforma podría significar una inflexión histórica. No se trata de someter al Poder Judicial, sino de integrarlo en una arquitectura estatal coherente, donde la norma, la celeridad resolutiva y la sensibilidad ante las demandas sociales se conjuguen como principios rectores. Uno de los logros estructurales del nuevo modelo podría ser el fortalecimiento de un sistema judicial más predecible, menos propenso a ser capturado por amparos utilizados como herramientas de sabotaje institucional, y más consistente en sus decisiones.

La experiencia reciente ha demostrado que proyectos estratégicos de infraestructura y políticas públicas han sido paralizados no por objeciones jurídicas de fondo, sino por tecnicismos procesales que, en los hechos,........

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