La inteligencia artificial no falló en la UNAM. Falló quien la administró. El matiz parece menor. No lo es. Define quién responde, quién merece protección y quién debe decidir. La Comisión Técnica delibera sin plazo. Los juzgados de distrito no esperan. Ahí se incuba el siguiente capítulo. Sostengo dos tesis que se complementan. Primera: a una falla administrativa se responde con administración, oportuna y con responsables de nombre y apellido. Segunda: si esa respuesta no llega o llega mal, el amparo procede contra la Universidad, y la jurisprudencia acaba de girar a favor de los aspirantes. Veamos.

Primero. Los hechos no describen un accidente. Describen una falla de diseño. La Universidad aplicó por primera vez su examen de ingreso en modalidad remota, vigilado por inteligencia artificial, a unos 167 mil aspirantes. Meses antes defendió el modelo: seguridad, supervisión humana, confiabilidad. Los resultados dicen otra cosa. Análisis independientes, con datos de la propia administración escolar, documentaron 14 puntajes perfectos de 120 aciertos, la cifra más alta con registro comparable, nueve en Médico Cirujano. Antes de la aplicación circularon en redes los métodos para burlarla: un segundo teléfono, una videollamada. Un estudio estima que cerca de cinco mil aspirantes competitivos quedaron fuera por ese desplazamiento.

Aquí aparece el primer principio. Quien diseña un sistema de evaluación, responde por él. Quien lo contrata, responde. Quien lo certifica como seguro, responde dos veces. La delegación tecnológica no transfiere el riesgo al sustentante. Si el modelo era seguro y lo venció un teléfono adicional, la primera pregunta no es qué hicieron los aspirantes. Es qué dejó de hacer la administración universitaria. Qué evaluación de riesgos precedió a la contratación. Qué pruebas de vulneración se practicaron. Qué protocolos existían el día de la aplicación. Ninguna de esas preguntas es política. Todas son administrativas. Todas tienen respuesta documental: contratos, dictámenes, bitácoras. La buena administración no es acertar siempre. Es prever, verificar y responder a tiempo.

De ahí deriva una regla de método: investigar no es decidir. Investigar explica. Decidir resuelve. La Comisión Técnica, presidida por un investigador emérito, puede reconstruir hechos, oír peritos, recomendar. Esa función vale. Pero las decisiones ejecutivas no son suyas: revisar el contrato, corregir vulnerabilidades, dar certeza a los aspirantes de buena fe antes del ciclo escolar, deslindar responsabilidades. Todo eso corresponde hoy a la Rectoría y a las instancias que la Legislación Universitaria señala. Una comisión complementa. No sustituye. No suspende. El tiempo administrativo no es neutro. Corre contra los aspirantes, nunca contra la burocracia.

Conviene decir lo que la crítica seria no debe callar. El rector Leonardo Lomelí es un universitario de trayectoria limpia. Sus prendas intelectuales y morales no están en juicio. Reconocerlo no es cortesía: es precisión que acota el problema. La falla no está en la persona del rector ni en la Universidad como institución. Está en un eslabón concreto: la contratación y supervisión de una plataforma. Ahí debe concentrarse la revisión y el deslinde. A Lomelí le tocó la primera crisis de gobernanza algorítmica de la historia universitaria. Merece........

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