Desde la implementación en 2024 hasta su consumación el 1 de junio último, la reforma judicial representó un verdadero parteaguas en la agenda política y social del país. A partir de ahora el estado constitucional de derecho habrá de adaptarse a esta decisión política impulsada por el gobierno y sus mayorías parlamentarias.

Lejos de especular si se trató o no de una medida adecuada –tema abordado desde diversos ángulos en la opinión pública y la academia–, serán los resultados e implicaciones estrictamente jurisdiccionales y de eficacia institucional de cara a los ciudadanos los que demuestren al paso del tiempo si el Poder Judicial de la Federación mejoró o de plano queda inscrito en una simulación anunciada por sus incuestionables repercusiones en la independencia e imparcialidad de los jueces, luego de este proceso sin comparación en otros países.

Lo cierto es que, a partir de septiembre de este año México contará con una nueva composición y funcionamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a nueve ministros; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistraturas en sus Salas Regionales; 464 magistraturas de circuito y 386 nuevas plazas de jueces de distrito. Además de cambios significativos en el funcionamiento del órgano de disciplina judicial.

Al margen de esta recomposición orgánica, llamó la atención que durante el periodo de campañas la mayoría de los perfiles y pese a los escasos espacios que se habilitaron para la........

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