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La foto de la silla vacía que enciende la mecha de Ayuso y saldrá cara al sanchista delegado del Gobierno en Madrid

El mismo día (6 de mayo) en el que el Parlamento Europeo advertía que la independencia judicial es “el asunto más sensible” en el Estado de derecho en España, junto a la corrupción y abuso del real decreto ley, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, hacia un formidable alegato en el juicio del caso Ábalos.

Luzón fue claro: “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla”. El fiscal alertó de cómo algunos responsables políticos descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguir dichas conductas y expuso meridianamente cómo esta corrupción, organizada desde uno de los ministerios con mayor presupuesto –el de Fomento, ahora llamado de Transportes y Movilidad Sostenible (¡qué ironía!)-, está erosionando la confianza institucional.

Es la primera vez en la democracia española que un exministro nombrado por un presidente en ejercicio se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo mientras ese mismo presidente, que llegó al poder en 2018 al ganar una moción de censura prometiendo regeneración democrática, continua en La Moncloa impasible ante las investigaciones por pagos en efectivo a su partido (PSOE), enchufes familiares y laborales, favores urbanísticos y otros beneficios.

En cualquier democracia liberal esta constatación supondría la dimisión del presidente del Gobierno o, cuanto menos, la convocatoria de elecciones generales, pero en la autocracia del Pedro Sánchez Pérez-Castejón supone lo contrario: más tornillo al sillón y ataques a la oposición y a la Justicia independiente porque la “Fiscalía patriótica” y la Abogacía del Estado tienen que obedecer ciegamente al amo, estar a su servicio y defenderle a él y a su familia.

Y como la democracia parlamentaria no va con el autócrata, prescinde del........

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