Las irregularidades conocidas en la primera vuelta del domingo 12 de abril no configuran fraude penal típico, pues, como todos sabemos, para que un delito sea procesable debe ser típico, antijurídico y culpable. Lamentablemente, los hechos no encajan perfectamente en la descripción de la conducta infractora prevista, pero sí afectan gravemente la voluntad popular y la confianza ciudadana. Fallaron la gestión y el control, interno y externo, impactando en resultados ajustados (diferencias de miles de votos), como en las últimas tres elecciones.

Los hechos han generado una profunda crisis de confianza y legitimidad sin precedentes en nuestra historia republicana reciente. No se trata de un capricho de candidatos: no lo minimicemos. El domingo 12 de abril, la fiesta electoral se convirtió en crisis electoral.

Aparte de las previsibles denuncias constitucionales e........

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