Aclaro que soy amigo de Alberto Pascó-Font desde hace décadas y a mucha honra. Me siento en la obligación moral de usar esta columna para mostrar la arbitrariedad que la Fiscalía ha cometido, haciendo pasar a Alberto por un vía crucis de varios años. Tengo la plena certeza de que él ha actuado de manera correcta. El Ministerio Público está obligado a mostrar pruebas sobre lo que acusa y aquí no hay ninguna, peor aún, los testimonios recabados señalan lo contrario de lo sostenido por la acusación fiscal.

El daño para todos los peruanos de esta arbitrariedad es mucho mayor que el caso particular. Ya quisiéramos tener en el Estado peruano más funcionarios de la calidad profesional y personal de Alberto. La capacidad del Estado peruano para atraer a personas tan competentes como él es lo que se arriesga. Estas arbitrariedades, que vienen en este caso del Ministerio Público, pero que también se dan en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, alejan a profesionales competentes con vocación de servicio público.

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