La crisis de Ceuta hace tiempo que dejó de ser una crisis migratoria. En realidad, probablemente nunca lo fue. Lo que estamos viendo es una crisis política y geopolítica en la que las personas migrantes vuelven a convertirse en instrumento de presión entre Estados. Y, una vez más, Marruecos ha demostrado que conoce perfectamente las vulnerabilidades españolas y europeas y sabe cómo utilizarlas.

La novedad es que Rabat parece haber decidido ampliar el terreno de juego. Ya no se trata únicamente de presionar bilateralmente a España mediante el control de los flujos migratorios. La estrategia pasa ahora por intentar situar a Madrid en una posición incómoda dentro de la propia Unión Europea, alimentando un relato según el cual España sería el eslabón débil de la política migratoria europea. Y en el relato marroquí se añadiría probablemente que, por tanto, lo mejor sería un régimen de cosoberanía sobre Ceuta y Melilla.

Las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, son especialmente significativas. Marruecos cuestiona la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, la vincula con un supuesto efecto llamada, reclama explicaciones sobre los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y ha llegado a amenazar con suspender la cooperación en materia de extradiciones. No parecen asuntos desconectados. Forman parte de una misma construcción discursiva: España no controla adecuadamente sus procedimientos migratorios, España regulariza a quienes Marruecos intenta impedir que salgan y España obstaculiza las devoluciones aplicando unas garantías jurídicas que Rabat presenta como ineficiencia.

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