Los menores que han llegado a Ceuta no son “extranjeros” sometidos a un régimen migratorio. Jurídicamente, son niños o adolescentes en situación de desamparo y, como tales, son plenos titulares de derechos. Su nacionalidad, el modo en que entraron en España o la ausencia de documentación, no reducen un ápice su nivel de protección. Es importante que se tenga presente.

Según la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), los menores extranjeros disfrutan en nuestro país de educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles. Y las administraciones están obligadas a prestarles una protección reforzada si son víctimas de abuso, explotación o trata. Además, la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), señala que toda persona que aprecie indicios de violencia contra un menor tiene el deber de comunicarlo de inmediato a la autoridad competente, sin esperar a que la víctima sostenga la denuncia. Algo que alcanza muy especialmente a los profesionales.

El interés superior del menor ha de tener una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte (alojamiento, traslado, contacto familiar, expediente de extranjería, posible retorno o régimen de convivencia). Y Ceuta, como Administración tutora, tiene el deber indelegable de vigilar que la guarda que se ha contratado funcione correctamente, sea cual sea la entidad que la gestione. La externalización de este servicio no transfiere la responsabilidad pública de protección.

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