Jorge Riechmann no es una amenaza, pero fue detenido el 7 de octubre de 2019, junto al técnico en energía Paco del Pozo y la psicóloga Marina M. Martínez, por haber participado en una protesta climática pacífica. El próximo día 26, se enfrentan a un juicio penal acusados de resistencia grave a la autoridad por el que la Fiscalía pide diez meses de prisión. Riechmann, además, está imputado por haber arrojado un líquido rojo biodegradable en la fachada del Congreso de los Diputados junto a otros académicos y activistas.  Filósofo, poeta, profesor universitario y autor de una extensísima obra, su suerte procesal será una prueba de fuego para nuestra salud constitucional y nuestra calidad democrática. Nos dirá mucho del grado en que estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de reunión y la desobediencia civil no violenta.

Perseguir a quienes se movilizan para alertar sobre una emergencia climática sobre la que existe un consenso científico abrumador, supone castigar a quienes señalan el incendio y normalizar a quienes lo avivan. El caso de Jorge Riechmann ilustra una amplia tendencia de criminalización y estrechamiento del espacio cívico con la que se intenta inmovilizar a la gente y eludir responsabilidades estructurales.

En un Estado constitucional, la protesta pacífica es señal de pluralismo político y ciudadanía activa; una forma legítima de participación pública, especialmente cuando se persigue una finalidad de evidente interés general. Por eso, no toda acción disruptiva........

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