Hace unos días escribía en estas mismas páginas sobre cuánto cuesta políticamente hacer daño a las mujeres. La pregunta partía de una idea relativamente sencilla: una sociedad puede condenar explícitamente la violencia machista y, al mismo tiempo, asumir con bastante facilidad que quienes la ejercen, la banalizan o gestionan negligentemente sus consecuencias continúen siendo personas políticamente elegibles, profesionalmente recuperables o socialmente rehabilitables. El caso de Móstoles obliga ahora a formular esa misma pregunta desde el otro lado: ¿a quién le está costando políticamente este caso?

Por ahora, la respuesta es bastante obscena. La exconcejala del Partido Popular que denunció a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, dejó su acta, abandonó la política y se dio de baja del partido en 2024. Bautista sigue siendo alcalde.

Conviene dejar una cosa clara para no jugar a ser tribunal: Manuel Bautista no está condenado. La causa por presunto acoso sexual y laboral permanece en instrucción y será la justicia quien determine su responsabilidad penal. Pero utilizar la ausencia de sentencia para fingir que políticamente estamos ante una página en blanco sería bastante tramposo. La querella fue admitida, la denunciante ratificó durante más de tres horas su relato ante la jueza y la magistrada rechazó el intento de la defensa de archivar la investigación señalando que la querella contiene una "extensa prueba documental". Su declaración como investigado está prevista para el 1 de diciembre. Mientras la justicia hace su trabajo, se puede analizar algo que no requiere esperar ninguna sentencia: qué hizo una organización política cuando una mujer acudió a ella diciendo que estaba siendo acosada por un hombre situado por encima de ella en su propia estructura.

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Y ahí hay bastante menos espacio para la duda. La mujer pidió ayuda al Partido Popular antes de acudir a los tribunales. Escribió al entorno de Isabel Díaz Ayuso, mantuvo reuniones con responsables del PP madrileño, reclamó amparo y solicitó que se activara el protocolo contra el acoso. El partido terminó archivando el expediente sin tomar declaración ni a ella ni a los testigos que había propuesto. Y conocemos además parte de lo que ocurrió durante aquellas reuniones porque fueron grabadas.

Ana Millán, entonces vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, llegó a decirle: "Vamos a parar........

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