Hay una idea que se ha instalado en el debate público sobre la vivienda: que ya no se puede hacer más y que lo que está pasando es casi irremediable, como si un fenómeno de la naturaleza se tratara. Que el mercado es demasiado poderoso, que sólo se resolverá construyendo más, que las competencias están demasiado repartidas y resulta que siempre son de otro, o que cualquier medida ambiciosa es imposible y lo que es peor; no funcionan. No es verdad. Si aceptamos esas premisas, los únicos que ganan son los especuladores.

Por eso es una buena noticia que el Gobierno de coalición haya acordado aprobar antes de agosto un nuevo Real Decreto que incluya medidas imprescindibles como la prórroga extraordinaria de la duración de los contratos de alquiler o la regulación del alquiler de temporada y de habitación. Aunque no puede pasar desapercibido que el asunto del alquiler de temporada y habitación si no está regulado hasta la fecha es por obra y gracia del Partido Socialista que en su momento se opuso a incluirlo en la Ley de Vivienda como pedía UP el socio de Gobierno en aquel entonces, dejando una salida cómoda y eficaz a la picaresca rentista.

Por eso toca recordar algo que a veces se omite: si este nuevo Real Decreto sale adelante será fundamentalmente por la fuerza demostrada de las organizaciones populares en defensa del derecho a la vivienda que no dejan de denunciar, organizarse, y señalar que hay horizontes posibles y alternativos a la propuesta imperante del capitalismo rentista y sus aliados. Y es de justicia decir, que también se debe a la posición férrea de los socios de coalición que tienen claro que la vivienda es la prioridad política de la legislatura, aunque quede poco.

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