Cualquier cubano que haya estado despierto desde 1993-94 sabe que el socialismo ya no fue en lo adelante lo que solía ser. 

Después de la implosión de los socialismos en Europa del Este y el desmantelamiento de la Unión Soviética, las cosas en Cuba cambiaron de golpe. La admisión del mercado, del sector privado, la legalización del dólar, la redistribución en usufructo de la mayor parte de las tierras estatales, la apertura a la inversión extranjera, crearon no solo una nueva economía y una nueva relación con el mundo, sino otras mentalidades sobre el socialismo como sistema, incluida su reversibilidad. 

Estas políticas inicialmente se justificaban como el enfrentamiento a la crisis denominada “Periodo especial en tiempo de paz”, o al menos así se proyectaron entonces. De manera que, a medida que la crisis se fue aliviando o así pareció (por un tiempo), su continuidad y profundización se hicieron más lentas; y aunque sus consecuencias en el plano ideológico (¿qué socialismo va a ser este?), y sobre todo su impacto en las desigualdades sociales y la pobreza, se fueron extendiendo. 

Las políticas que igualaban a las distintas clases y grupos sociales en la Cuba anterior, tales como una estructura salarial muy acotada, canasta básica subsidiada mediante cartilla de racionamiento (la “libreta de abastecimientos”), control de precios, gratuidades y subsidios de todo tipo, se fueron desvaneciendo, formalmente o de facto, a medida que el salario y el ingreso divergían, que el acceso a divisas alteraba la relación establecida entre salarios y capacitación, que los niveles de producción no se recuperaban. 

A pesar de la supuesta temporalidad de la crisis, Cuba no volvió nunca al nivel de bienestar y visión de futuro que había existido, sobre todo en la década anterior al Periodo especial.

Más de una década después de aquellas medidas —aprobadas e implementadas bajo la dirección de Fidel—, un documento titulado Lineamientos económicos y sociales fue discutido públicamente en una consulta masiva, y adoptado oficialmente en el VI Congreso del PCC (2011). Cinco años después, apenas el 23 % de sus políticas acordadas se habían cumplido.  

En 2018, la consulta sobre una muy amplia reforma constitucional arrojó resultados inesperados. Entre ellos, que los temas más polémicos del nuevo texto no eran precisamente los cambios radicales en la diversificación de la propiedad sobre medios de producción, la extensión del mercado, el acceso del capital privado a sectores como la agricultura y los servicios (incluidos los sectores nacionalizados en 1960). 

O sea, que estas transformaciones no suscitaban oposición, a pesar de su alcance fundamental. La nueva Constitución, aprobada por mayoría abrumadora en 2019, ponía la equidad —en vez de la igualdad— por delante y se preocupaba por la concentración del ingreso, pero no la proscribía.

Desde principios de los 90 hasta hoy, cada vez más expertos, dentro y fuera de nuestras instituciones, han venido haciendo propuestas encaminadas a constituir un programa de reformas que rebasara el alcance de un paquete de medidas anticrisis.

Aunque ninguno había propuesto nunca políticas como las que marcaron el desmantelamiento del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética, no pocos de ellos fueron calificados como emisarios del capitalismo. 

A pesar de las diferencias introducidas en los documentos emitidos en los últimos 30 años acerca de la naturaleza del socialismo cubano, este recelo hacia cualquier propuesta de reforma se ha mantenido vivo hasta nuestros días.   

A raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, se me ocurrió encuestar a un grupo de economistas y analistas políticos en torno a la pregunta: ¿Cuáles deben ser las políticas prioritarias, coherentes con una estrategia para salir de la crisis y que se hagan cargo de la complejidad del momento? 

Según algunos lectores que me lo dijeron por lo claro, las respuestas de mis encuestados resultaban “excesivas” (neoliberales): Cuba ante Estados Unidos: lecciones y antilecciones de la intervención en Venezuela – OnCuba.

Ahora que la Asamblea Nacional (ANPP) acaba de aprobar un programa de transformaciones que rebasa con mucho, por su radicalidad y amplitud, lo que cualquiera de estos expertos propuso nunca, sin embargo, la visión que identifica las reformas con el virus del capitalismo sigue ahí. 

Si uno lee, por ejemplo, las narrativas de medios extranjeros, supuestamente bien informados sobre lo que está pasando aquí y ahora, podrá comprobar que identifican las recientes transformaciones con concesiones al capitalismo, que reflejan la quiebra definitiva del socialismo. Exactamente como los fundamentalistas vernáculos. Y como si entre estas transformaciones y el derrumbe del Muro de Berlín no hubiera cambiado nada en Cuba.  

En busca de luz sobre la compleja red de interrogantes que se derivan de las 176 medidas debatidas en la ANPP, decidí sometérselas a tres economistas, pioneros, que las anticiparon en escritos y conferencias, y a quienes conozco bien por su manera de pensar, persistencia y compromiso: Juan Triana Cordoví (JTC), Omar Everleny Pérez-Villanueva (OEP) y Julio Carranza (JCV).  

Les agradezco a ellos por responder a mis preguntas de cabeza múltiple, y también por contestarme en un tiempo récord.    

Según algunos economistas, el eje de las reformas es o debería ser la extensión del sector privado, en todas aquellas actividades donde pudiera desarrollarse con mayor eficiencia que el estatal o el público. ¿Va a ser o debería ser así en la política económica que se avecina? ¿No implicaría, en el mediano plazo, que el sector privado se tragara al público? 

JTC: No hay un solo eje en las reformas, sino al menos dos o tres grandes ejes. Uno de ellos, la expansión del sector privado y su papel en la economía. El otro, la reforma de la empresa estatal, aplazada tantas veces.

No creo que el sector privado pueda tragarse al público. Todavía este es muy grande, y hay realmente ahí un negocio poderoso; costaría mucho trabajo al sector privado poder desplazarlo, siendo todavía un sector naciente. 

OEP: El sector privado debe jugar un papel esencial en la política económica que se avecina. No porque sea privado, sino porque el problema de Cuba, más que financiero, es de oferta de bienes y servicios. Y el Estado en estos momentos no cuenta con recursos financieros para producir lo que puede desarrollar el sector privado.

No creo que vaya a tragarse al sector público. Cada uno tiene su espacio. 

Lo primero que hay que definir como estrategia es cuál será el tamaño de ese sector público. La energía, la producción de acero, todo ese tipo de producciones que necesitan un gran capital solo las puede garantizar el Estado.

Pero en el comercio minorista, la alimentación, los servicios personales, hay un área muy grande que puede cubrir el sector privado. 

En el pasado, el sector público, por diferentes motivos, ha sido ineficiente. El Estado le ha quitado recursos que produce la empresa estatal socialista. Y esas reglas tienen que cambiar.

JCV: Una cuestión fundamental del actual planteamiento es darle a todo el sistema empresarial el reconocimiento y las facultades que debe tener para operar, sean estatales, cooperativas, privadas y mixtas, nacionales o extranjeras; todas integradas a los mercados regulados por el Estado, y en el caso de las empresas estatales, bajo una planificación estratégica y financiera, no una burocrática y administrativa como la que ha existido hasta hoy. 

Los prejuicios con el sector privado se deben superar y darle el lugar que le corresponde. El sector privado y el cooperativo han de jugar un papel importante e imprescindible; sus intereses deben ser reconocidos y tener representaciones, pero de ninguna manera imponer esos intereses individuales o empresariales, por legítimos que sean y lo son, por encima de los intereses generales y mayoritarios del pueblo y la nación. 

Claro que los medios de producción fundamentales, estratégicos, deben continuar bajo propiedad social con protección legal y también deben mantenerse y desarrollarse todas las empresas públicas que sean eficientes. 

El sector estatal que salga de aquí ha de ser eficiente y competitivo. Eso no excluye la existencia de determinadas actividades que por definición son deficitarias y, dada su función, han de mantenerse bajo el subsidio del presupuesto del Estado, pero deben ser pocas y plenamente justificadas. 

También han de mantenerse bajo régimen estatal y con la asignación de recursos necesarios a sectores fundamentales como la educación y la salud, aun cuando algunas actividades específicas de estos sectores pasen a formas privadas, como de hecho ya sucede con algunos comercios de medicinas y servicios de óptica y dentales, donde la participación ha de ser mixta.

Estas medidas van a acentuar diferencias sociales, pero estas deben estar reguladas y acompañarse de una política fiscal progresiva y rigurosa. Que las diferencias de ingresos sean resultado de la eficiencia y el trabajo y no de la corrupción y actividades espurias, las políticas sociales........

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