Han pasado tres semanas desde la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, para vislumbrar un futuro universal de paz y seguridad o, una tormenta de desaciertos, que podrían hacer temblar el planeta en temas relacionados con la protección de datos personales sensibles, la ayuda humanitaria y la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos que dirige Elon Musk estrecho colaborador de Donald Trump, es un talento indiscutible en el desarrollo y éxito de sus empresas, pero en el tablero internacional no tiene la experiencia política en la administración pública y, esto es, lo que puede conducir a un escenario de cuestionamientos prematuros desde el frente de los demócratas, y el debilitamiento de la Administración federal, en el segundo periodo de Trump.

La evolución tecnológica y la globalización han situado los datos personales que circulan por internet y las redes sociales en un lugar preeminente, y en una sociedad hiperconectada, donde una buena parte de las relaciones comerciales, laborales, sociales y personales están supeditadas a la RR.SS., los datos son una mercancía especialmente valiosa. Pero abrir las puertas a las fuentes de datos personales registrados en la administración pública sin autorización legal, no parece la mejor manera de proteger los datos y garantías de los derechos digitales de los ciudadanos del país.

La administración pública tiene la obligación de permitir la libre circulación de los datos y también el deber de preservar los datos personales sensibles, de manera que su uso y tratamiento no sea fraudulento o riesgoso para los intereses institucionales y de los ciudadanos en general. Elon Musk forma parte de la estructura organizativa federal y bajo ese estatus de director de DOGE, las medidas que adopte con la aprobación del presidente Trump, deben estar enmarcadas a la Ley de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales. Aún así, se quiera o no reconocer, cabe siempre un mínimo de riesgo de que los datos custodiados en el sector público sean utilizados para propósitos distintos a su obtención, manipular el electorado o para degradar la vida democrática u otro tipo de intereses por ejemplo.

Sobre el tema tratado, el Juez federal del Estado de Washington Juan Paul A. Engelmayer a instancia de fiscales generales de 19 estados de los EE.UU., que alegaron que el gobierno de Donald Trump, el Departamento del Tesoro, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y Elon Musk director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, violan la ley al ampliar el acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro al personal del DOGE.

Los denunciantes afirman que, esto se debe tanto, al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes de la piratería informática. Consideran que ese acceso sin restricciones a los sistemas de pago de BFS a “al menos un trabajador de........

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