Relacionar el comportamiento social observado en la ciudad de El Alto durante el siniestro aeronáutico del último viernes del pasado mes de febrero, es ingresar a un terreno delicado. Lo es, porque requiere caracterizar a la población, ya que los comportamientos sociales están, en alguna medida, determinadas por las condiciones materiales de existencia. Gran parte de la población alteña vive en medio de altos niveles de pobreza; y la pobreza (al igual que la obscena riqueza) enferma al corazón y endurece la sensibilidad. 

El comportamiento social (resumido en el robo al dinero del avión siniestrado, ignorando a los fallecidos, a los heridos e impidiendo que los bomberos y las ambulancias pudieran llegar al lugar) expresado luego del siniestro fue el resultado de una historia que conformó el perfil alteño tanto social, cultural como urbano. Esto quiere decir que es la historia socio-cultural, la que define los comportamientos colectivos, así como las relaciones de esos comportamientos con las convenciones sociales, estructuradas en valores. 

Es verdad que lo que define un comportamiento social no son solamente las condiciones materiales de existencia (establecidas en indicadores tales como ingresos económicos, grado de instrucción, ocupación laboral, etc.), sino también la subjetividad con la que se vive aquellas condiciones. En este caso hablamos de la elaboración de juicios y conocimientos, formados a través de esa subjetividad. Este es el espacio, visto en totalidad, donde grandemente se forman las mentalidades. La conformación de éstas se ve reforzada por la pertenencia cultural (aquí utilizamos el término en su doble anclaje: antropológico y sociológico); con lo que hay un primer cierre en la relación entre realidad material y realidad subjetiva. 

Los “soportes” de este primer circuito están dados por la valoración social que conlleva la posesión de dinero. Esta valoración es de tal magnitud que proviene de la humanidad misma, al menos desde hace dos milenios y medio. La reproducen las sociedades, así como sus autoridades de todos los niveles (nacional, departamental y municipal) de gobierno. Se fomenta esa aspiración, presentándola como una finalidad que incluso dotaría de sentido a la vida, por lo cual, en cierta medida, otorgaría a la vez su razón de ser a toda actividad ocupacional. Pero con las actividades con las que coincide fuertemente, hasta formar parte de sus principios normativos, son aquellas que tienen una gran dosis de práctica especulativa en su ejercicio: el comercio y las finanzas. En el primero rige, desde siempre, el principio que enseña “comprar barato y vender caro”. 

En Bolivia, dados los bajos niveles de industrialización, es la actividad comercial la que absorbe un gran porcentaje de la población económicamente activa. Lo hace con tal preponderancia que alcanza la porosidad de la sociedad, aunque sólo permite a sus actores cubrir lo básico de la subsistencia. El empleo de denominaciones tales como “auto empleo”, “trabajadores por cuenta propia”, “empresa unipersonal”, “comercio al menudeo” y otras, sirven para referirse a sectores sociales que oscilan, frente a la normativa estatal, entre la formalidad y la informalidad. El surgimiento de esta última característica es paralela a la actividad productiva artesanal, desde principios de la colonización, a inicios del siglo XVI. Su persistencia en el tiempo nos habla del sello conservador boliviano. 

Por ello se observa una débil adhesión a la normativa convencional, sancionada oficialmente. El divorcio entre comportamiento social y normas convencionales refleja la separación, de facto, entre ambas; particularmente en situaciones extraordinarias, como la que comentamos. Esto nos dice que la relación de los valores convencionales con los comportamientos sociales no mantiene siempre un flujo constante. Aunque los valores sirven de referencia al comportamiento social, circunstancialmente pueden ser rebasados y, en consecuencia, sustituidos momentáneamente por otra escala de valores. En el fondo, lo que con ello se encuentra en cuestionamiento es el grado de validez, en una sociedad dada, de las normativas convencionales o su solidez, como principios para la convivencia. 

Mayoritariamente la población alteña exhibe un claro perfil ocupacional y cultural. Hablamos de trabajadores por cuenta propia, ligados principalmente al comercio y al emprendimiento unipersonal, en actividades que van desde el transporte público hasta la artesanía, pasando por el comercio. El dato objetivo del perfil cultural, por su parte, nos muestra que se trata, en una alta proporción, de migrantes rurales del altiplano boliviano, ya sea de primera, segunda o tercera generación; sin mencionar a la población “flotante”, entre el campo y la ciudad. No se puede concluir, por supuesto, de ello que el comportamiento social mostrado en ocasión del siniestro sea exclusivo de la población de aquella ciudad. Se trata, al contrario, de características humanas, universales, por lo que no deben circunscribirse a ninguna pertenencia social o cultural particular. 

Con todo, lo concreto fue que esas características han aflorado en el evento que comentamos y es materia de las Ciencias Sociales indagar por las razones que la explican. Líneas atrás adelantamos algunas ideas, más de orden diacrónico y ahora conviene complementarlas con otras de orden sincrónico. Como criterio operativo partamos que la constante es una mentalidad formada en y alimentada por la actividad económica terciaria. Vimos, por ejemplo, que a los principios del comercio le es inherente la maximización de ganancias con mínimas inversiones. Este principio se ha visto robustecido con el discurso universal de la época; el cual privilegia hasta la exclusividad el objetivo de la obtención de ganancias, sin importar los medios que para ese fin se empleen. Esta visión es reforzada, dijimos, desde el poder. Lo es tanto de forma explícita como implícita. Para esta última forma, la corrupción, la apropiación de recursos públicos de grupos delincuenciales encaramados en las más altas instancias de la función pública, constituyen verdaderos ejemplos. A diferencia de ello, puede decirse que la forma explícita está dada por la anulación de lo público hasta proponer, poco menos, la quimera de la eliminación del Estado; sin olvidar las proclamas que dicen que “la ideología (i. e., una visión del mundo) no da de comer”. Afirmación que de suyo propio constituye ya una visión ideológica de la vida. Peor aun cuando se asegura que lo único importante para la gente es “tener platita en el bolsillo”. Todos estos criterios, pese a que no se propongan, no son sino maneras de legitimar aquello que lo único importante en la vida es el éxito económico. 

Lo cierto es que todo comportamiento social se sustenta en una visión de la vida y como tal, no le son ajenos principios ideológicos particulares. Son estos principios los que subyacen en los comportamientos sociales y cuando se manifiestan, pueden incluso contraponerse, en situaciones extraordinarias, a los principios convencionalmente aceptados y afectar a la totalidad social de la que forman parte. De hecho, el comportamiento, concretizado en el robo de dinero del avión siniestrado ha generado ondas expansivas perturbadoras, que alcanzaron al comercio y a las abundantes pequeñas transacciones en la banca. 

Vimos que una mentalidad se sustenta y es alimentada por principios. En el caso boliviano, la mentalidad a la que nos referimos es apoyada con entusiasmo desde el poder. El resultado, más allá del comportamiento social que observamos, es que las ciudades se han convertido, gracias a ello, en espacios agresivos al peatón, quien se enfrenta a calles, plazas, avenidas y todo espacio público, ocupados como espacios privados del comercio callejero. En estas circunstancias, el billionario endeudamiento del país, propuesto desde el gobierno para distribuirlos a los municipios, no servirá sino para continuar alimentando un círculo vicioso. 

El autor es escritor y sociólogo

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