Han pasado algunos días desde que los hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” retornaran a sus comunidades en sus departamentos. La movilización estuvo encabezada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Regional Madre de Dios), la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni (Regional Vaca Díez) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) con la principal demanda de abrogación total de la Ley 1720. 

La marcha encendió una mecha de indignación social que hoy flamea en la ciudad de La Paz, donde distintos sectores obreros, campesinos e indígenas del occidente del país exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La actual movilización de estos sectores evidencia la creciente polarización entre dos concepciones de democracia en el país en estos momentos. Por un lado, el esquema de la democracia liberal y representativa, impulsado principalmente por organizaciones políticas como Libre y Unidad Nacional, que parecen plantear el retorno a la república y que no comprenden la realidad profunda de los sectores indígenas y campesinos al momento de aprobar leyes. Por otro lado, el esquema de la democracia social, sustentado en el reconocimiento e incorporación de las organizaciones sociales y de los movimientos indígena originarios campesinos en el marco del Estado Plurinacional, que demandan el respeto y reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos.Desde la teoría de los movimientos sociales, autores como Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly destacan la importancia de diversos factores para analizar el surgimiento y desarrollo de una acción colectiva de protesta. Uno de los más relevantes es la estructura de oportunidades políticas, concepto que plantea que una protesta social no surge únicamente como resultado del descontento o la pobreza, sino cuando el contexto político abre “ventanas de oportunidad” que favorecen la acción colectiva. En este punto, se debe señalar que, aunque manifestaron su preocupación e incluso su rechazo a la aprobación de la Ley 1720, tanto la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) en el “Encuentro por la tierra y el territorio de pueblos indígenas, originarios y campesinos”, el 13 y 14 de abril en Santa Cruz, como la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia (CIDOB), en reunión con sus organizaciones regionales, el 18 de abril, decidieron no sumarse a la marcha como demandaban sus bases. En el caso de la CIDOB, exigió más bien una ley corta complementaria a la Ley 1720 y firmó un acuerdo con el gobierno nacional el 22 de abril. Incluso la propia Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) esquivó el desafío político e histórico de encabezar una acción colectiva como lo fue la marcha de los campesinos e indígenas de Pando y Beni.

En tal sentido, este reto fue asumido, como se dijo, por dos organizaciones campesinas y una organización indígena de la Amazonía boliviana, quienes, en el marco de su autonomía sindical y orgánica, tomaron esta decisión histórica ejerciendo su libre determinación. Y no como mencionaron posteriormente los senadores de Libre, Leonardo Roca y Branko Marinkovic, quienes redujeron la marcha a una supuesta manipulación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), situación en la que campesinos e indígenas carecerían de capacidad de interpelación política frente a leyes que los perjudican.

Así que........

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