Bolivia se declaró un Estado laico con la promulgación de la nueva Constitución de 2009. En ese sentido, el artículo 4 establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con las cosmovisiones de las personas, y que es independiente de toda religión. Asimismo, el numeral 3 del artículo 21 reconoce el derecho de las bolivianas y los bolivianos a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, ejercidos de manera individual o colectiva, tanto en el ámbito público como privado. En la misma línea, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona a manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Sin embargo, uno de los principales desafíos del marco normativo mencionado radica en el uso de las creencias y símbolos religiosos dentro del campo político. La cuestión, no se refiere al ejercicio de la fe en los espacios propiamente religiosos —como los cultos, las reuniones eclesiásticas o la vida espiritual familiar—, sino a la utilización de elementos religiosos en escenarios que pertenecen propiamente al campo político, como campañas electorales, mítines, movilizaciones, protestas sociales y otras acciones orientadas a la disputa, conservación o legitimación del poder político.

Esta situación permite identificar la encrucijada de la doble ciudadanía e identidad en quienes profesan una religión. Por un lado, poseen una ciudadanía e identidad religiosa, vinculada a una determinada comunidad de fe —católica, evangélica, bautista, pentecostal, mormona, adventista o testigo de Jehová, entre otras—. Por otro lado, poseen una ciudadanía e identidad política al identificarse o simpatizar con determinadas corrientes ideológicas, organizaciones sociales o partidos políticos. En consecuencia, pertenecen simultáneamente a una comunidad religiosa y a una comunidad política, articulando convicciones religiosas con preferencias ideológicas y, en algunos casos, con militancias partidarias.

Conviene señalar que, en el marco de un Estado laico, la Iglesia y el Estado deben actuar de manera diferenciada para evitar que la influencia de una se convierta en coerción sobre la otra. En lo normativo, las instituciones religiosas tienen una misión fundamentalmente espiritual, orientada a la difusión de sus creencias, la formación moral de sus fieles y la promoción de valores vinculados a la trascendencia y la vida de fe. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de administrar el poder político y los recursos públicos para garantizar los derechos, las libertades y el bienestar de toda la ciudadanía, sin distinción de creencias religiosas. Ambas instituciones cumplen funciones esenciales para la vida social y pueden contribuir al bien común desde sus respectivos ámbitos de acción y campos. No obstante, cuando sus competencias se confunden o se superponen, surgen tensiones que pueden afectar tanto la autonomía relativa del campo político como la integridad del campo religioso.

Según el sociólogo Pierre Bourdieu, tanto el campo religioso como el campo político son espacios sociales relativamente........

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