Durante casi dos décadas, el proyecto nacional-popular gobernó Bolivia apoyado en narrativa ideológica populista, control político fuerte y abundancia de rentas extractivas, especialmente del gas natural. El ciclo de altos precios financió gasto público, transferencias y subsidios, pero también la construcción de un bloque histórico de poder con fuertes mecanismos de lealtad económica y simbólica. Las consignas nacionalistas, la soberanía sobre los recursos y el imaginario desarrollista de los años cincuenta otorgaron al proyecto una legitimidad que trascendía la mera administración económica.

Con el tiempo, aquel proyecto derivó en un modelo rentista y prebendal: dejó de sustentarse menos en la expansión productiva y pasó a depender, en mayor proporción,  de la distribución de rentas del gas y la mineria. El tipo de cambio fijo, financiado por la bonanza gasífera, generó renta comercial para sectores importadores y urbanos; se consolidaron lealtades basadas en bajos impuestos, tolerancia a la minería ilegal y a la economía de la coca; y se multiplicaron bonos, subsidios, empleo público y acceso privilegiado a contratos estatales.

Las rentas distribuidas no fueron únicamente materiales: el modelo también repartió poder simbólico y político, control del aparato estatal, cuotas corporativas, reconocimiento identitario, convirtiendo al Estado en el gran articulador de lealtades. El problema estructural fue que toda esa arquitectura descansaba sobre una base frágil: la continuidad indefinida de las rentas extractivas.

Cuando el ciclo gasífero se agotó, se erosionó también la capacidad estatal de sostener el entramado de alianzas. La crisis........

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