Con bombos y platillos se ha “propagandeado” luego de una mini cumbre realizada entre el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público; un acuerdo interinstitucional para dar certidumbre y blindar el desarrollo de las elecciones subnacionales de marzo de 2026. Según el Presidente del TSE, su objetivo central es: impedir que acciones judiciales, recursos constitucionales o disputas políticas paralicen o distorsionen el proceso electoral en curso. (www.fundacionconstruir.org/monitoreo/el-tse-y-el-organo-judicial-acuerdan-blindar-elecciones-para-evitar-que-recursos-frenen-el-proceso-electoral/)

Pues bien, celebro que esos órganos de poder cumplan con aquella directriz constitucional de la coordinación entre poderes (art. 12), pues además todos recordamos el festín de delitos que los auto prorrogados (impunes aún) perpetraron con motivo de las últimas elecciones judiciales; lo qué en parte, explica que esos altos cargos asuman tales previsiones. Empero a la vista de ese propósito y lo enfatizado por aquel funcionario sobre la preclusión, legalidad, etc: ¿Acaso esos altos cargos pueden anunciar y por adelantado que según sus competencias y atribuciones vulnerarán........

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