El Estado no está actuando con responsabilidad cuando opta por contratar obras públicas sin adelantar dinero y sin garantías claras de pago a tiempo; en realidad, lo que está haciendo es trasladar el riesgo económico al contratista y establecer condiciones que debilitan el proyecto desde su nacimiento. En Colombia, si bien la normativa permite anticipos de hasta un 50 % del valor del contrato (de acuerdo con el Estatuto General de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, s. f.), en la práctica numerosas instituciones deciden eliminarlos o reducirlos al mínimo bajo el argumento de “proteger los recursos”. El resultado es contradictorio: el trabajo comienza sin suficiente flujo de caja, el constructor tiene que financiar la nómina, los materiales, la maquinaria, las pólizas y los subcontratos con su propio crédito, y el costo financiero acaba afectando a la calidad y al ritmo de ejecución.

El problema no es teórico. En el año 2024 se registraron demoras en los pagos a contratistas de la industria del transporte, que en ciertos casos pasaron de cinco meses, lo cual impactó la ejecución presupuestal y las obras públicas (Portafolio, 2025). Además, los medios económicos informaron sobre alertas acerca de........

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