Lo ocurrido esta semana al interior del Consejo Nacional Electoral es profundamente cuestionable. No se trata de un simple choque de opiniones entre consejeros, ni de una discusión burocrática sobre el trámite de una queja. Lo que quedó expuesto es mucho más delicado: la posibilidad de que una autoridad electoral, llamada a garantizar imparcialidad, neutralidad y transparencia, termine adoptando decisiones de alto impacto público con contenido político, apartándose de las reglas propias del juzgamiento administrativo electoral.

El 20 de mayo se produjo una fuerte discusión entre dos consejeros del CNE, Fabiola Márquez y Álvaro Hernán Prada. En ella, incluso, se alcanza a escuchar que “Usted tomó una decisión de fondo. Todas esas sanciones pasan por la sala plena. No debió hacerlo así”. Esa sola afirmación, pronunciada dentro de un órgano encargado de proteger la limpieza del proceso democrático, exige explicaciones públicas, revisión institucional y absoluta claridad sobre lo ocurrido, máxime cuando estamos ad portas de concurrir a votar en la primera vuelta la elección presidencial.

El CNE no es una mesa de negociación política ni un escenario de deliberación partidista informal. Es un organismo autónomo e independiente que hace parte de la Organización Electoral, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre la actividad electoral del país. Además, está integrado por nueve miembros elegidos por el Congreso de la República entre candidatos postulados por partidos, movimientos políticos o coaliciones.

Su origen no les autoriza a tomar decisiones políticas en el ejercicio de sus funciones. Todo lo contrario: precisamente porque sus miembros provienen de postulaciones partidistas y son elegidos por el Congreso, el CNE........

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