El uso de armas de fuego contra la policía en San Julián, sumado al cerco violento que asfixia y mata de hambre a ciudades en Bolivia, representa una degradación total de la convivencia civil y una agresión directa a la vida de los ciudadanos.

Los graves enfrentamientos registrados durante los intentos de desbloqueo, que dejaron varios policías heridos por proyectiles de bala —incluyendo a uniformados con lesiones de extrema gravedad—, demuestran que estas movilizaciones ya no pertenecen al ámbito de la protesta social o las demandas legítimas. Se trata, en cambio, de acciones organizadas y criminales ejecutadas por grupos radicales que usan la violencia y el desabastecimiento para forzar objetivos políticos, importándoles un comino el sufrimiento de la población de La Paz, El Alto y otros departamentos golpeados por el desabastecimiento.

Esta situación sobrepasa cualquier límite permisible en una sociedad democrática. Cuando una movilización pasa de la pancarta y la marcha a las trincheras, al uso de dinamita y a la portación abierta de armas de fuego contra las fuerzas del orden, se rompe el pacto social.

Los policías heridos en San Julián no se enfrentaban a manifestantes pacíficos, sino a columnas organizadas con capacidad de fuego, decididas a mantener el control de las carreteras a cualquier costo humano.

Es una estrategia de terrorismo urbano y rural que busca doblegar al Estado mediante el miedo, utilizando los cuerpos de los uniformados como blanco y la tranquilidad de las familias como moneda de cambio.

Frente a este escenario de extrema violencia y flagrante vulneración de los derechos más elementales —como comer, trabajar, circular libremente o recibir atención médica—, salta a la vista un silencio atroz. Las organizaciones encargadas de defender los derechos humanos a nivel nacional e internacional parecen haber desaparecido. El rol de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los comités de derechos humanos se reduce a un silencio cómodo, calculador e indignante.

No hay comunicados contundentes, no hay misiones de emergencia ni condenas públicas contra quienes usan........

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