En innumerables ocasiones, también en esta columna, he sostenido que no se puede continuar de espaldas a los países vecinos. La inexistencia de relaciones con Chile ya no tiene explicación, no es buena ni lógica. Ambos estados deberían trabajar en un nuevo enfoque, sin los traumas del pasado.

Sin embargo, esto no significa que, apenas se nos mueva la cola, las autoridades de la Cancillería corran presurosas a firmar cualquier acuerdo sin medir las consecuencias del compromiso.

Al final del día, más allá de lo amistosos que podamos ser, las autoridades bolivianas deben tener en cuenta que manejan los intereses del Estado. Esta reflexión viene al caso tras los últimos acuerdos firmados en Santiago entre Bolivia y Chile hace un par de semanas.

Sin que sea muy visible, la administración del MAS ha alterado el orden que debe seguir la firma de acuerdos y tratados internacionales. En algún momento se deberá revisar la poco clara Ley 699, y,sobre todo, por qué un decreto reglamentario (D.S. 2476) puede estar por encima de leyes nacionales que identifican claramente a la Cancillería como cabeza de toda negociación y firma de acuerdos internacionales.

Aun así, este cuestionable decreto señala en su artículo 7mo, incisos III y IV, que el ministerio involucrado en la firma de un acuerdo internacional debe obtener una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores“en función de los intereses del Estado”. Y este ministerio, como cabeza natural de los tratados internacionales, debe analizar la pertinencia de estos acuerdos con respecto a la política exterior del Estado.

Será interesante conocer cuál ha sido el razonamiento de la ministra Celinda Sosa y su raquítico equipo de colaboradores para autorizar la reconducción (devolución) de quién sabe cuántos miles de venezolanos que cruzaron de Bolivia a Chile en busca de........

© Los Tiempos