El vicepresidente Vicente Martínez Mus, con alcaldes en la segunda jornada del IV Foro del Municipalismo. / F. Bustamante

Una catástrofe extraordinaria no cabe en una legislación ordinaria. Aunque suena a uno de los últimos titulares de Trump desde la Casa Blanca, lo repite la vicepresidenta de la Diputación de València, Natalia Enguix, para describir el sufrimiento de los ayuntamientos afectados por la dana en el IV Foro del Municipalismo de Levante-EMV, que ha vuelto a convertir el salón de actos de la Fundación Bancaja en el gran ‘despacho oval’ de alcaldes y alcaldesas. La reconstrucción avanza por un laberinto normativo, atrapada en la maldita burocracia, mientras los ediles de la zona cero viven pendientes de que una mesa de contratación encuentre un hueco en su agenda, mientras su población sigue con los servicios al límite.

La pregunta, desde hace meses, es qué sentido tiene exigirle a un ayuntamiento pequeño que gestione una catástrofe climática con el mismo armazón administrativo que utiliza para licitar el mantenimiento de jardines. Y no se trata de recortar controles. Se trata de adaptar las reglas. La propuesta de concentrar temporalmente competencias en el ámbito municipal ante situaciones excepcionales merece, como mínimo, ser debatida.

En el foro, el vicepresidente Vicente Martínez Mus confirmó que se ha avanzado mucho más de lo que parecía posible año y medio después, aunque advirtió que la reconstrucción no estará completa hasta que el territorio esté mejor preparado para la próxima emergencia. Por eso, la reforma legislativa debe salir de la tentación del mero debate técnico y convertirse en una prioridad para actualizar la normativa, reconstruir con rapidez y rigor, distinguiendo lo ordinario de lo extraordinario.

Los alcaldes llevan tiempo reclamando un régimen especial de contratación y ejecución para el periodo de poscatástrofe, acotado en el tiempo, con auditoría reforzada a posteriori, plataformas de publicación en abierto y asistencia técnica real para ayuntamientos pequeños. Con equipos itinerantes de apoyo jurídico-administrativo, criterios homogéneos y una ventanilla única interadministrativa.

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Sería un fracaso que, dentro de diez años, miremos atrás y lamentemos la oportunidad perdida de cambiar las reglas para protegernos y no lo hicimos. Sería imperdonable que la próxima dana nos encuentre todavía discutiendo no qué hay que hacer, sino cómo se tramita.

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