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A finales de octubre de 2018 Andrés Manuel López Obrador explicó la suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México días después de que se celebrara la parodia de “consulta popular” para el efecto. Lo hizo en un video de circulación profusa en que aparece junto a un altero de libros coronado con uno titulado ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa,

((Editorial Debate, 2017.
))

 escrito, entre otros, por el expresidente español Felipe González. El presidente electo daba una respuesta categóricamente populista a la pregunta: “aquí mando yo”, que poco o nada tuvo que ver con el contenido del opúsculo que aborda nuevas vías del oficio de gobernar con arreglo a la democracia representativa y al Estado de derecho. La parte oral del mensaje justificó la cancelación del aeropuerto en construcción por ser un ícono de corrupción e impunidad en los negocios entre sector público y privado. “No estoy de florero […] yo tengo un mandato […] quieren los mexicanos que se destierre, que se acabe la corrupción y la impunidad. Y me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción.”

Anécdota aparte, un mes antes de asumir el poder, el mensaje podía adoptar innumerables dimensiones, pero una quedaba clara: apuraremos la voluntad del pueblo –por él consultado y representado– para revertir el contubernio entre poder económico y político que se habría mantenido durante el “período neoliberal”. Esta voluntad sedienta de justicia, como es interpretado el apoyo masivo que recibió en las urnas, se ha traducido en acciones del presidente en favor del “pueblo” y para anular a sus “adversarios”. Cada vez un mayor número de estas acciones se ha dado por encima de las previsiones constitucionales y legales. La justicia primero; la legalidad después (AMLOdixit).

((El 17 de abril de 2019 declaró: “La ley es para las mujeres y los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia.”
))

 Esta convicción inadmisible desde el constitucionalismo democrático perdura y se profundiza a medida que su gobierno transcurre. Combatir la corrupción atribuida al neoliberalismo, desarmar el entramado concupiscente entre Estado y capital para restaurar la supremacía de la autoridad. El punto de llegada del cambio permanece en la espesa bruma esparcida por la tenaz locuacidad presidencial y la obsecuencia de la mayoría que le acompaña.

El estilo empresarial de vincularse con el poder político tiene hondas raíces en la historia de México.

((Véase mi libro Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el Estado en México, unam/Siglo XXI, 1997.
))

 Sin ir más allá del siglo XX, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas se instituyó una forma de relación corporativa con las clases sociales al cobijo de la ideología del régimen: el nacionalismo revolucionario. Se crearon organizaciones de obreros, campesinos, maestros y otras que terminaron incorporándose al Partido de la Revolución Mexicana. Los empresarios quedaron formalmente fuera de ese esquema, pues era claro que la economía pública era la preferencia del poder político unificado bajo el presidencialismo de partido hegemónico.........

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