En Medellín, en el corregimiento de San Cristóbal, se está construyendo un centro penitenciario que el mismo alcalde, Federico Gutiérrez, llamó “la megacárcel” para la ciudad. Es la Cárcel Metropolitana para Sindicados, la primera en el país en construirse en alianza público-privada, que tendrá un capacidad de poco más de 1.300 presos. 

Es, además, el modelo que Abelardo de la Espriella espera replicar para construir sus 10 megacárceles en todo el país. “Hay conversaciones del gobierno nacional con la Secretaría de Seguridad de Medellín”, dice Simón Molina, congresista de Creemos, partido de “Fico”, como es conocido el alcalde, y uno de los más cercanos al gobierno nacional. 

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, le confirmó a La Silla que estas conversaciones entre el gobierno y el Distrito de Medellín se llevan dando desde julio y que se han dado “muy puntualmente con el Ministerio de Defensa y el ministro de justicia, y se han hablado ya en repetidas ocasiones sobre el modelo carcelario”.

Ante la falta de un plan concreto para las cárceles de De la Espriella— y de respuestas que el gobierno se negó a darle a La Silla Vacía— el modelo de Medellín es lo más aterrizado acerca de cómo puede tomar vuelo una de las promesas principales del presidente. Especialmente porque en su presupuesto el gobierno De la Espriella redujo casi por completo el rubro para construir cárceles, de 36.000 millones a apenas 1.000 millones. Por eso, si quiere cumplir necesita que la inversión venga del sector privado. 

Y el ministro Cancino dice que las cárceles van: “Obviamente esa propuesta de campaña del presidente se hará realidad“, dijo ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Administración por privados: el modelo que aún no se pone a prueba

La Agencia APP (Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas), es la dependencia de la Alcaldía de Medellín encargada de este proyecto que se adjudicó en la administración de Daniel Quintero. La Cárcel Metropolitana para Sindicados, un proyecto que se está realizando entre el Distrito de Medellín y la empresa mexicana Prodemex, con su filial Carmet Medellín S.A.S.

Es la respuesta de la Alcaldía ante la obligación legal que compete a las entidades territoriales de encargarse de los sindicados, es decir, de las personas con detención preventiva que no han sido condenadas.

De acuerdo con Daniel Felipe Escobar, director general (e) de la Agencia APP, Carmet fue la única empresa que se presentó a la licitación y fue adjudicataria del proyecto y la que hizo la inversión inicial para la construcción. 

Como una APP, la cárcel se entrega en concesión al privado. Durará 15 años. En ese plazo, el Distrito le transferirá a la empresa cerca de 1,1 billones de pesos. Una vez termine el plazo, será la Alcaldía la que administre la cárcel por completo.

Escobar agrega........

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