Oponerse es un derecho. Lo dice el artículo 112 de la Constitución desde 1991. Un derecho que hoy se siente embolatado para una parte de la población. 

Y digo embolatado porque parece no haber lugar para disentir sin convertirse en objetivo de ataque o maltrato por alguno de los dos bandos que hoy se oponen. 

El derecho a la oposición en Colombia, nace primero como promesa en el papel, dentro de nuestra constitución. Veintisiete años más tarde, se convierte en un instrumento real. La Ley 1909 de 2018, que finalmente le dio dientes al artículo 112. Ley que nace como obligación dentro del acuerdo de paz. Es decir, Colombia reglamentó su derecho a disentir para poder desarmar a quienes antes disentían con fusiles. 

Vale la pena recordarlo hoy, que la conversación entre opuestos se torna beligerante y el conflicto entre ciudadanos contradictores azusa con ser cada vez más violento. La oposición colombiana es, por origen, una hija de la paz. Tratarla como una extensión de la guerra es traicionar la razón misma por la que existe.

Ahora bien, hacer oposición no es vengarse. Cuando cualquier bando empieza a sonar a ajuste de cuentas, deja de cumplir su función y podríamos hablar de una instrumentalización del derecho a oponerse.

Y sin embargo, la........

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