Dina Boluarte las va ganando todas. El Tribunal Constitucional no permite que se le investigue, mucho menos que se allanen sus domicilios, mientras que el Congreso le manda al archivo todas las denuncias constitucionales. La última, esta semana, concluye que ni la presidenta ni sus ministros tenían relación alguna con las órdenes de tirar a matar a 50 peruanos que osaron protestar contra su gobierno. Muchos de ellos menores de edad o apenas transeúntes cayeron muertos de un balazo que disparó el Ejército o la Policía. Muchos de los asesinatos están en video y ocurrieron en el lapso de tres meses. Según la tesis de la gran mayoría parlamentaria pro impunidad, esta gente murió abaleada por fuerzas del orden que, vaya usted a saber por qué, disparaban porque se les ocurrió jugar al tiro al blanco motu proprio. Sin órdenes de nadie o, en todo caso, sin órdenes de la presidenta y sus ministros. Así como lo lee.

¿Se puede investigar a Dina Boluarte cuando termine su mandato en julio de 2026? Se puede. Pero un archivo fiscal es “cosa decidida” y se requiere un esfuerzo probatorio mayor y nuevas pruebas para reabrir un caso. Si el pacto mantiene el control del Congreso y del TC, será muy difícil. Para consolidar la tarea hay que controlar la Junta de Fiscales Supremos. Eso está a la vuelta de la esquina con el apoyo de la JNJ. ¿Por qué creen que el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos es su presidente inamovible? ¿Por qué la misma JNJ le ha garantizado impunidad esta semana frente a un requisito que incumplió y ocultó? A Delia Espinoza ya le dicen “pavo”........

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