La parálisis energética que empieza a terminar, pero que puso en jaque al Perú no fue mala suerte, no fue un hecho fortuito; es el desenlace de una cadena de decisiones donde el pragmatismo técnico fue arrollado por la vil urgencia del cálculo político. La rotura del ducto de TGP nos sacó del marasmo y nos recordó amargamente que el sistema energético nacional tiene una vulnerabilidad crítica. Se desnudaron las consecuencias de haber permitido que el Gasoducto Sur Peruano (GSP) se convirtiera en un cementerio de acero abandonado. Lo que hoy vivimos, entre el hambre y la angustia de una economía encarecida, es la lección de que una lucha contra la corrupción librada desde el absolutismo puede ser tan o más ruinosa para el ciudadano como el soborno mismo.

Para entender este desastre de Estado, hay que retroceder a enero de 2017, cuando se resolvió el contrato con el consorcio liderado por Odebrecht. En ese momento, el país quedó atrapado en un populismo de la moral que despreció cualquier punto medio. El Acuerdo de Colaboración Eficaz, que debió ser la herramienta para una transición ordenada, se convirtió en el blanco de una guerra política sin cuartel. Desde una derecha que exigía la expulsión sumaria de la empresa sin un plan de contingencia,........

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