Pedro P. Grández Castro. Profesor Universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Con los derechos parece darse una paradoja difícil de resolver: aparecen, precisamente, cuando están en riesgo. Si habitáramos una sociedad sin privilegios ni abusos, en la que todas las personas pudieran disfrutar de las mismas oportunidades y prerrogativas, y en la que nadie fuera perseguido por sus pensamientos u opiniones, acaso los derechos resultarían superfluos. Ello confirma que los derechos son —como sostuvo Norberto Bobbio— “invenciones” necesarias para una civilización expuesta de modo permanente a múltiples riesgos.

Algo similar ocurre hoy con el derecho a la información. Su desarrollo coincide con la expansión de la desinformación, la manipulación y el desprecio por la verdad. No me refiero aquí al derecho de acceso a la información pública, sino a otra de sus dimensiones: el derecho a recibir información fiable para la toma de decisiones. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce expresamente el derecho a “recibir y difundir informaciones”, mientras que el artículo 2, inciso 4, de la Constitución peruana consagra las libertades de información, opinión y expresión.

En el derecho constitucional contemporáneo resulta pacífico distinguir la libertad de expresión de la libertad de información. La diferencia es relevante: quien informa asume un deber de veracidad o,........

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