*Pedro P. Grández Castro, profesor universitario y miembro de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El pasado 29 de enero, el gobierno de Donald Trump hizo público un nuevo decreto mediante el cual, tras declarar un “estado de emergencia nacional” en su relación con la Isla de Cuba, autoriza la imposición de un arancel adicional ad valorem (según el valor) a las importaciones de bienes procedentes de cualquier país extranjero que venda o suministre, directa o indirectamente, petróleo a Cuba.

De acuerdo con agencias internacionales de noticias, Cuba no contaría con reservas de combustible para más de dos semanas. Las mismas fuentes vienen informando, desde hace meses, sobre graves problemas en el abastecimiento de energía eléctrica, derivados de la alta dependencia del país del petróleo y del fueloil. En los últimos años, este ha sido uno de los problemas más sensibles a nivel nacional. Los apagones prolongados privan de servicios esenciales no solo a los hogares, sino también a hospitales y centros de enseñanza.

En ese contexto, un bloqueo orientado a impedir, de manera directa, el acceso de la población a un insumo tan básico como el combustible revela un grado de crueldad solo comparable con las mismas violaciones de derechos que se afirma combatir. Como es sabido, el bloqueo a Cuba se inició en 1960 y, con el paso de los años, se ha ido endureciendo y extendiendo en sus efectos hacia terceros países. Ello motivó que, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara su........

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