Da igual que sea una carnicería, un bar, una tienda de ropa o un kiosko de golosinas. Si nadie entra en el negocio este viernes, nada entra en la caja. Ni un euro, y lo mismo ocurre el lunes, el martes, el miércoles y el resto de los días de la semana. Pero los comercios tienen que pagar igualmente la luz, el agua, los autónomos y las entregas de los proveedores, sobre todo si trabajan con productos perecederos como los alimentos o las flores.

Levantar una trinchera de casi kilómetro y medio delante de 70 negocios durante casi un año es lo que sucede ahora mismo en la avenida de Portugal, una obra empantanada a causa de los impagos del Concello a una empresa en preconcurso de acreedores. Más de un año lleva la de Alejandro Pedrosa, que tenía que estar rematada en octubre. Y veremos hasta cuándo se prolonga la de de Pena Trevinca.

La ley contempla la posibilidad de reclamar indemnizaciones por obras si el negocio es capaz de evaluar el daño económico y establecer la vinculación con el perjuicio ocasionado por la apertura de la zanja o el cambio de acera, pero eso obligaría a entablar un proceso legal con más gastos.

Las preguntas que les formulo son las siguientes: si el Gobierno central decreta rebajas fiscales por la subida imprevista de combustibles a raíz de la guerra, ¿por qué el Concello no toma medidas similares en el caso de las obras?; es más, ¿deberían contemplarse de facto, en los contratos de larga duración, medidas de compensación al tejido productivo y comercial afectado, sobre todo en los casos que superen los plazos acordados?

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