Hay líneas que en una democracia no deberían rozarse siquiera. Una de ellas es obvia: quien delinque paga. De su bolsillo. Sin intermediarios, sin atajos y, desde luego, sin cargar la factura al presupuesto municipal. Sin embargo, cada cierto tiempo reaparece una práctica tan vieja como inaceptable: utilizar dinero público para cubrir multas, indemnizaciones o incluso la defensa jurídica personal de un alcalde.

Conviene decirlo sin rodeos: no es un error administrativo ni una interpretación discutible. Es un abuso.

El problema de fondo es siempre el mismo: la tentación de convertir el cargo en un escudo"

La multa penal es una pena personalísima. No admite sustitutos ni reparto. Su sentido es castigar al culpable y advertir a los demás. Cuando esa multa se paga con dinero público, deja de ser un castigo y se convierte en una burla: el responsable sale indemne y los ciudadanos -los mismos que cumplen la ley- asumen la sanción. Es difícil imaginar........

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