El plazo abierto para la regularización de inmigrantes que vivían en España antes del 31 de diciembre y que cumplían otra serie de requisitos ha finalizado el 30 de junio, con un número de solicitantes que pretenden normalizar su situación que es difícil de calcular pero que en cualquier caso supera en el doble la expectativa de que a ese proceso se adhirieran medio millón de personas.

Aunque el proceso pasó por la vicisitud de haber sido aprobado en origen con el beneplácito del PP que votó a favor de la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular que contaba con 700.000 firmas y el apoyo tácito y expreso de la Conferencia Episcopal, y de la patronal CEOE que necesita mano de obra legal, su puesta en marcha ha venido salpicada de recursos judiciales de comunidades autónomas gobernadas por el PP. El primer ‘setball’ judicial se salvó ante........

© La Región