El Gobierno se ha convertido en un consumado especialista en el arte de abrazar causas aparentemente nobles con fines electorales, ideando para ello toda suerte de lemas y eslóganes de fácil consumo. Es lo que ensayó con destreza durante la pandemia, y es lo que está ejecutando ahora con mayor pericia con la violencia de género –machista, la llama–, la lucha contra el cambio climático, la contienda bélica en Irán, la regularización y atención sanitaria de los inmigrantes ilegales, o el cerco a los tecnooligarcas y los discursos del odio. ¿Qué persona en su sano juicio podía oponerse en el fatídico año 2020 a que saliéramos todos unidos e incluso más fuertes de la crisis desatada por el virus causante de la Covid-19, como pregonaban entonces Pedro Sánchez y sus ministros? ¿Qué ciudadano de bien es capaz de rechazar la prevención del maltrato a las mujeres y la protección de las víctimas de la agresión de una pareja o expareja? ¿Qué español pacífico puede estar a favor de los bombardeos de un país y cuestionar cualquier «no a la guerra»? ¿Quién puede criticar que se cure a un enfermo, aunque no haya contribuido a costear la atención sanitaria en su vida, si existen los medios para hacerlo y si con ello se previenen además posibles infecciones importadas y otros problemas de salud pública? ¿A quién le agradan los mensajes despectivos en las redes sociales, sobre todo si además no concuerdan con sus intereses? La fórmula empleada por el Ejecutivo es siempre la misma: se lanzan a la opinión pública, con el auxilio de los altavoces mediáticos afines, proclamas genéricas de muy sencilla comprensión que dejan en buen lugar al que las formula y contra las que ninguna persona cabal puede interponer objeción alguna si no quiere parecer insolidaria o desalmada. El gran problema es que detrás de estas frases hechas y acciones espolvoreadas de humanismo existen otros intereses diferentes que confluyen siempre en uno: la perpetuidad en el poder del que los dicta. En esas proclamas nada se dice, por ejemplo, de la desastrosa gestión gubernamental de la pandemia, en la que murieron sobradamente más de 120.000 personas, ni de que la supuesta defensa de la mujer ha derivado en la creación de centenares de chiringuitos subvencionados y poblados de afines sin que los casos de maltrato bajen. Tampoco se habla de que, bajo la bandera del medio ambiente, se produjo el gran apagón y han aflorado redes presuntamente corruptas en torno a empresas que iban a convertir a España en el paraíso de la energía eólica, como está sucediendo en torno a Forestalia. Tampoco se dice nada de que la fiesta de la sanidad gratuita a todo el que venga la pagaremos los que estamos, es decir, los mismos a los que nos saquean con impuestos, y que en realidad solo busca atraer desde el extranjero a los adeptos al régimen que aquí echan pestes del mismo. ¿Cuánto va a costarnos el turismo sanitario promovido por una ministra tan incompetente como Mónica García, que ni siquiera ha sido capaz todavía de ofrecer una asistencia integral a los enfermos de ELA? Ni ellos lo saben, porque lo que buscan no es la solidaridad sanitaria, sino los votos que aquí ya han perdido. Con la guerra, se busca reeditar la protesta callejera de la época de José María Aznar para que los desencantados se movilicen y opten finalmente por la papeleta de Sánchez en unos futuros comicios.

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