La acusación del gran jurado federal de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza, senador de Morena, y otros políticos sinaloenses, pone en una situación delicada al Gobierno federal y a Morena.

Si bien no es el primer caso de políticos involucrados con cárteles del narcotráfico y, lamentablemente, tampoco será el último, coloca a la Presidenta en una posición comprometedora entre la defensa de la soberanía, la presión de Washington y el costo interno de no defender a un gobernador de su movimiento.

Sinaloa llega a este momento con una historia reciente complicada. En 2019, el culiacanazo exhibió la fragilidad del Estado cuando Ovidio Guzmán fue detenido y luego liberado, después de que el cártel paralizó Culiacán, tomó las calles y puso al gobierno de AMLO en jaque. En 2024, la detención de Ismael El Mayo Zambada abrió otro capítulo. Según su versión, fue citado a una reunión, sometido por hombres armados, llevado contra su voluntad a una avioneta y entregado en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Ese episodio........

© La Razón