¿Por qué deberían confiar a lo grande los inversionistas nacionales y extranjeros en el Plan México, si tan sólo en el Puerto de Veracruz la alcaldesa morenista Rosa María Espejo y su cabildo decidieron —conforme a acta extraordinaria número 30— requisar y apropiarse del primer contrato de Asociación Público-Privada (APP) del país? Sí, el de alumbrado público suscrito el 29 de septiembre de 2017 con Wardenclyffe Veracruz Puerto, por el entonces alcalde priista Ramón Poo Gil.

Vaya favor le hacen a una atribulada Altagracia Gómez, que no ve la hora en que empiece a sonar la caja registradora.

Claro, no se le llamó por su nombre real, una expropiación, sino con el sofisticado apelativo de rescate administrativo: es decir, una requisa que no es atribución legal alguna que posea el municipio en materia de APP.

Lo que le arrebataron a Wardenclyffe fue un contrato vigente a quince años modalidad ESCO, Energy Service Company, con que la compañía invirtió en sustituir viejas luminarias en el municipio porteño por equipo nuevo ahorrador de electricidad; y del ahorro verificable del que se pagaría la inversión y el ganancial privado. La inversión privada inicial fue de 620 millones para más de 44 mil luminarias instaladas y operando (mantenimiento incluido) y respuesta a fallas no mayor a 72 horas.

Pero en la lógica........

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