A la firma Casanova Vallejo el caso Ahome le reactivó la presión judicial. La resolución del Tribunal Colegiado contra el exalcalde Gerardo Vargas Landeros vuelve a colocar a la arrendadora dentro de un esquema de contratación que ya había aparecido en otra administración sinaloense y que ahora queda bajo escrutinio judicial por la forma en que se ejecutó el contrato de las 126 patrullas. La controversia se remonta a diciembre de 2021, cuando el ayuntamiento adjudicó de forma directa un contrato por más de 171 millones de pesos para la renta de flotillas policiales. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa imputó los delitos de desempeño irregular y ejercicio indebido de la función pública al omitir la licitación abierta.

La investigación documentó que la empresa adjudicada, Grinleasing SAPI de C.V., subarrendó la totalidad del servicio a Casanova Vallejo apenas dos días después de firmar la asignación. Para el ministerio público, la maniobra evidenció que la ganadora carecía de capacidad técnica e infraestructura, operando como fachada para triangular el negocio. El modelo contractual registrado en Ahome no fue un........

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