El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso de legalización de inmigrantes, que, según los cálculos más conservadores, llegará a 500.000 personas, que se han de sumar al sistema sanitario nacional, entre otros aspectos, razón por la que se ha reclamado ante el Tribunal Supremo para que desautorice el «decretazo» por el que el Ejecutivo ha activado este proceso, máxime cuando no se ha sometido a consideración al Congreso de los Diputados, ni tan siquiera se ha tratado el tema con el resto de fuerzas parlamentarias.

La pregunta pertinente es cómo se encuentra la sanidad pública en España y si será capaz de asumir este amplio grupo de nuevos usuarios, entre otras razones, por la falta de información por parte del Gobierno, como están reclamando los ejecutivos autonómicos. Muchas de las comunidades autónomas ya tienen serias dificultades a la hora de atender a sus respectivos pobladores, algo que se evidencia en las largas listas de espera. Un claro ejemplo es lo que ocurre en Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, incapaz de........

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