Chile todavía no demuestra las cien toneladas de droga que anunció, pero ya destruyó al menos gran parte de la madera con la que debía probarlas.

El caso dejó de ser una controversia entre una fiscalía y un grupo de exportadores. Compromete el derecho de Bolivia a conocer la verdad sobre una acusación que dañó su nombre, cerró mercados y puso bajo sospecha a toda su producción forestal.

El 8 de junio, autoridades chilenas informaron que 1.080,8 toneladas de madera procedente de Bolivia contenían sustancias ilícitas. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sostuvo que la droga representaba entre el 10 y el 20 por ciento de cada carga. De esa estimación surgió la estremecedora cifra de más de cien toneladas.

No fue la declaración aislada de un funcionario. La respaldaron el fiscal nacional y el ministro de Seguridad Pública de Chile, junto con representantes de la Armada y Aduanas. La noticia recorrió el mundo con el sello de credibilidad que otorga un Estado.

Desde entonces, la madera boliviana dejó de ser vista únicamente como un producto de exportación. Se convirtió en sospechosa. Las empresas perdieron clientes y operaciones construidas durante años quedaron paralizadas.

Los informes del Instituto de Salud Pública de Chile detectaron trazas de cocaína, ketamina y otras sustancias, pero no respaldan la magnitud de la acusación original. Ante las inconsistencias, los exportadores contrataron a James Craig Kuykendall, exdirector de la DEA en Chile, y Scott Richard Oulton, químico forense de la agencia durante 36 años. Kuykendall cuestionó los métodos de detección y el cálculo de las cantidades anunciadas; Oulton sostuvo que la densidad de la madera dificultaba su impregnación y que los rastros podían deberse a contaminación superficial durante la manipulación o el transporte.

El fiscal Mario Carrera respondió que la madera pasó por controles con perros, equipos utilizados en el lugar y análisis del Instituto de Salud Pública. Afirmó que esta entidad detectó droga en 44 contenedores. Pero tampoco explicó cuánto encontró ni cómo esos resultados permitieron anunciar más de cien toneladas.

Ésa es la pregunta que Chile todavía no responde. Ya no se discute sólo si algún instrumento detectó una sustancia. Se debe establecer qué cantidad existía, dónde estaba y cómo se calculó el volumen anunciado ante el mundo.

Si hubo delito, Bolivia debe ayudar a identificar a los responsables y sancionarlos. Pero no puede aceptar que se condene........

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