A nadie le amarga que le suban el sueldo, salvo que el que lo tenga que pagar sea uno mismo y ya se esté con el agua al cuello. Dice la belicosa ministra de Trabajo, secundando al propio presidente del Gobierno, que los «ingentes» y «vergonzosos» beneficios empresariales deberían por sí mismos justificar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Lo que no dice es que solo hay 35 grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 que, supuestamente, gozan de las «indecentes» ganancias de estos «pérfidos» empresarios. Pero la realidad es que el 99% de las empresas españolas son pymes y, de ellas, casi el 80% tienen menos de 10 empleados y ninguna de ellas tiene ingresos millonarios. Para las sociedades más pequeñas, las que apenas pueden mantener entre uno y tres empleados, la nueva subida del 3,1% del SMI es directamente un atentado contra su supervivencia. Legislar al margen de las microempresas y las pymes no fortalece la economía, sino que la deja indefensa frente a decisiones que comprometen su existencia. Si no se defienden y se respetan, muchas desaparecerán y, con ellas, un pilar esencial del empleo y del desarrollo económico del país. El tejido empresarial español se encuentra al límite de su aguante porque está siendo sometido a un asfixiante incremento de costes que pone en riesgo su futuro y, con ello, el empleo que sostienen. En los tres primeros trimestres de 2025, el coste laboral por trabajador se ha incrementado un 3,3% en las pymes y, el nuevo aumento del SMI, pactado sin tener en cuenta a quienes sostienen la economía real –es decir, los empresarios, que son los que pagan– añade un peso más a unas empresas que ya no pueden asumir más cargas, lo que está vaciando el país de microempresas: más de 23.000 han desaparecido en los últimos cinco años. Pero es mejor decir que subir el SMI es de justicia social y que este Gobierno se apunta otro hito histórico por aprobarlo al margen de las empresas, que son las que abonan las nóminas. Demagogia laboral.

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