La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las cárceles en México están saturadas. Su gobierno acumula cerca de 60 mil detenidos y ahora dicen que se buscan alternativas humanitarias para algunos presos para que sean liberados.

Pero el problema viene de mucho antes y las opciones son pocas. Hoy, cerca del 40 por ciento de la población penitenciaria no tiene sentencia. El sistema judicial tiene un problema real, pero, además, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, se tomó la decisión de ampliar cada vez más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Empobrecimiento, arma oficial contra la inflación

La prisión preventiva tendría que ser una medida cautelar excepcional, utilizada cuando existe un riesgo para las víctimas, para la sociedad o para el propio proceso judicial.

Pero en México, reforma tras reforma, se fue ampliando el catálogo de delitos por los cuales una persona puede ser enviada a prisión automáticamente mientras se determina si es culpable o inocente.

Pensando mal, podríamos decir que así se puede presionar desde el poder a quien quieran. En algunos delitos la medida es muy justificable, como en la violación o el secuestro; otros, como los fiscales, dejan un espacio enorme para poder presionar penalmente a los señalados.

En abril de 2019 se reformó el artículo 19 constitucional y se amplió de manera muy importante ese catálogo.

A los delitos que ya contemplaban prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y determinados delitos graves cometidos con armas y explosivos, se agregaron abuso o violencia sexual........

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