Hoy, cualquier ciudadano que usa el sistema bancario en México podría ver congeladas sus cuentas sin una orden judicial previa. Así de grave. No hace falta una sentencia, no hace falta que un juez revise primero el caso, no hace falta siquiera que exista un proceso penal debidamente integrado.

Basta con que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considere que hay “indicios” de una operación irregular para que una persona, una empresa, un profesionista, un comerciante o un intermediario financiero se quede, de la noche a la mañana, sin acceso a su dinero.

Así lo aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de abril.

Y eso podría significar la muerte civil de una persona. Imagínese que rentó un departamento que es de su propiedad y, en el mismo mes, le pagan el depósito y el mes adicional de renta. Pues eso bastaría para que la UIF considere que el manejo de la cuenta es irregular y la bloquee, sin saber hasta cuándo, porque el ciudadano no tiene un respaldo judicial que garantice que le regresen el uso de su cuenta.

La gravedad del asunto es enorme, porque estamos hablando del dinero con el que una persona vive, paga su renta, su hipoteca, su nómina, su comida, sus colegiaturas, sus deudas, sus impuestos. Estamos hablando de recursos privados que pueden quedar inmovilizados por tiempo indefinido.

Y aquí está uno de los puntos más delicados: no hay un plazo claro. No son cinco días, ni una semana, ni un mes. Puede ser un bloqueo que dure meses o incluso años.

Lo más preocupante es cómo se llegó hasta aquí. En México ya existía un mecanismo legal para congelar cuentas, pero era por la vía judicial. Es decir, si la UIF detectaba una operación sospechosa, acudía al Ministerio Público; el Ministerio Público integraba el caso y lo........

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