La contratación pública en España representa un 10,92% del Producto Interior Bruto (PIB) de acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Se trata, por tanto, de una cuestión que afecta al conjunto del Estado, y no solamente por importancia económica: desde los funcionarios encargados de la aplicación de las disposiciones legales, incluidos los poderes adjudicadores que deben seleccionar a sus proveedores de acuerdo con esta normativa, pasando por las empresas que desean participar en los procesos de licitación, así como también los ciudadanos que confían en la buena gestión de los fondos públicos.

En el contexto actual, marcado por los casos de corrupción que ahora se están sustanciando en los Tribunales, cobra especial relieve destacar que todos los que actúan en el marco de la contratación administrativa se sujeten a los principios de integridad y legalidad. Son muchos los aspectos que en la práctica ofrecen los contratos públicos, por lo que hay que hacer hincapié en los de mayor actualidad, y sin dejar aparte las diferentes perspectivas que confluyen: desde la Administración y la empresa pública y sus problemas de gestión en la tramitación de los procedimientos de adjudicación y ejecución de los........

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