La guerra de Irán demuestra el peligro de depender del petróleo / Shutterstock

A principios de este 2026 indicaba que en este año se produciría la consolidación de un orden geopolítico inestable. Los recientes acontecimientos internacionales no han decepcionado. La inestabilidad sigue profundizando alrededor de un mapa global cada vez más complejo e interdependiente, pero, sin duda, hace mella en Oriente Próximo. La iniciativa militar liderada por el binomio Washington-Tel Aviv contra Teherán ha cristalizado una dinámica fuertemente arraigada en el sistema internacional: el interés nacional asume una posición hegemónica en la arquitectura de la política exterior de los Estados.

De esta forma, la supervivencia estatal en un tablero global anárquico impulsa manifiestamente a los países a optar por vías accionables a partir del análisis riguroso de su poder (entendido como una combinación de poder duro y blando, así como de consideraciones geopolíticas). Como resultado, la política exterior se postula como la rama de acción que más demanda estatalidad. Esto es, en esencia, visión de Estado. Un término que integra soberanía, legitimidad y visión a largo plazo.

Según la puesta en práctica de este concepto es posible comprender el nivel real de existencia de un Estado como entidad política dentro del sistema internacional. Y en un entorno geopolíticamente tan convulso, la capacidad de desarrollar y ejecutar este principio frente a otros es vital. En esta línea, el debate público actual acerca de la soberanía en la coyuntura militar contra el régimen iraní sitúa en el foco la necesidad de visión estatal, pragmatismo y cálculo estatal. Lejos de este escenario deben quedar, sin lugar a dudas, las motivaciones políticas en clave interna o, más bien, electoralistas.

Lo que está en juego alrededor de esta cuestión es la credibilidad, la confianza, la solidez y el posicionamiento exterior de un Estado. Así, como primera idea, pertenecer a una arquitectura de seguridad europea (internacional en la práctica) implica una serie de derechos inalienables de protección y compromiso en defensa y seguridad. Como segunda idea, también exigen una serie de obligaciones. En términos formales, estas obligaciones continúan siendo respetadas. No obstante, el debate suscitado en torno al posible empleo de instalaciones militares de aliados para apoyar operaciones consideradas de seguridad colectiva revela una cuestión más relevante: la necesidad de reforzar una auténtica conciencia de estatalidad en la política exterior.

La negativa a permitir un apoyo logístico a una operación liderada por el garante tradicional de la seguridad occidental ha sido justificada apelando al derecho internacional y al rechazo a una nueva guerra en Oriente Próximo. Sin embargo, el problema no reside en el recurso al derecho internacional, que debería ser un pilar fundamental de la acción exterior de cualquier Estado, sino en su aplicación selectiva y oportunista.

La política exterior de un país no puede construirse sobre una utilización coyuntural del derecho internacional que se activa o se ignora en función de la conveniencia política del momento. Si el derecho internacional constituye el fundamento normativo de nuestra acción exterior, entonces debe aplicarse de forma coherente en toda la arquitectura de nuestra política internacional. No puede invocarse con vehemencia para justificar una negativa en el contexto de la operación contra Irán mientras se diluye cuando se trata de otros escenarios donde también se ponen en juego principios fundamentales.

La posición española respecto al Sáhara Occidental constituye un ejemplo paradigmático de esta inconsistencia. Del mismo modo, el apoyo militar y logístico a Ucrania, o el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre en este marco de defensa ante ataques iraníes muestran que no se ha mantenido una postura de estricta neutralidad cuando sus intereses o compromisos aliados así lo han requerido. Y es lógico que así sea. La política exterior no se basa en una neutralidad abstracta, sino en la defensa de los intereses nacionales dentro de un marco de alianzas y compromisos estratégicos. Esto es altamente palpable en el entorno europeo.

Precisamente por ello, el problema actual no radica en el rechazo a una guerra (una posición legítima, aunque no es el objeto real de fondo), sino en la falta de visión de Estado que debe guiar las decisiones estratégicas. Un país que forma parte de la principal alianza militar del mundo occidental no puede permitirse transmitir señales de ambigüedad o improvisación cuando se trata de responder a las necesidades operativas de sus socios. La credibilidad internacional de un Estado se construye sobre la previsibilidad, la coherencia y la capacidad de actuar con cálculo estratégico.

En última instancia, la política exterior exige algo más que declaraciones o posicionamientos coyunturales. Exige estatalidad. Si las variables que la componen se subordinan a la lógica de la política interna (incluido el cálculo electoral), el resultado es una acción exterior errática que debilita la posición internacional del país. Y en un sistema internacional cada vez más competitivo, inestable e interdependiente, esa falta de visión estratégica no es solo un problema de coherencia diplomática. Es, ante todo, un problema de interés nacional.

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