El presidente de EEUU, Donald Trump, en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra de Japón. / Aaron Schwartz / EFE

No hay día que deje de observarse el auge de las fuerzas conservadoras en España. Ciertos medios claman contra esta dinámica de manera constante y obsesiva, confundiéndose incluso con los partidos políticos a los que, curiosamente, sirven de improvisados voceros ideológicos, cuando no de propaganda electoral y de adoctrinamiento social. Un fenómeno, el del crecimiento imparable de las posturas contrarias al progresismo, que hace aflorar el miedo en algunos sectores de la sociedad, aunque no exista fundamento real para tal actitud.

La tesis principal de esta columna es clara al respecto: el peligro que se cierne sobre la democracia española se sitúa en las formaciones de la izquierda que son las que alimentan el deseo de frenar las libertades tanto individuales como colectivas. No es la derecha, ni siquiera la extrema derecha, como ahora se dice, invocando al mismísimo Belcebú, la que cuestiona y compromete el espíritu democrático, sino el frente progresista. Son estos sujetos los que no respetan las leyes, los que violentan y acosan a los que no piensan como ellos hasta el extremo de patologizar la conciencia crítica.

Hubo un tiempo en el que se llamaba a la gente que razonaba al margen del dictado progre directamente “locos”, haciendo correr la especie de que el que no piensa como manda el sanchismo sufría de una demencia todavía por diagnosticar. Esta es la izquierda peligrosa, la que, sin embargo, no cesa en dar lecciones de libertad al que quiera escuchar sus consignas. Ya lo advirtió Chesterton, el gran liberal de la historia contemporánea, “loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo, menos la razón”. Esta es la verdad que el socialismo y sus allegados quieren ocultar como sea.

Por el contrario, los periódicos de Sánchez, los afines al poder y sus mamandurrias, señalan a la derecha como el riesgo social a combatir. Insultan, desprecian, avasallan y, sobre todo, impiden la libertad de expresión allí donde les conviene: antes el dogma que la conciencia, el muro que la convivencia. Es la vuelta a uno de los peores períodos de la historia reciente, el de las checas, el estalinismo y el sometimiento de la disidencia. En España, la cultura del odio la ha extendido el socialismo y sus fieles, porque, baste recordar, que en la Cataluña de Illa se denunció a una pobre cajera por hablar en la lengua de todos. ¿Hasta dónde se tendrá que llegar para que la sociedad en conjunto se dé cuenta de lo que está ocurriendo en este país?

Han transcurrido escasas semanas desde que la agencia federal antiinmigración de los Estados Unidos de América, la famosa ICE de Donald J. Trump, detuviera a un niño hispano de corta edad que salía del colegio porque no daba con el paradero del padre, que era el verdadero objeto de la persecución policial. Un hecho lamentable, pero no tan distinto al del criminal acoso al que fue sometida la “niña de Canet”, de apenas tres años de vida, y cuyo único delito había sido el querer recibir una educación en el idioma de sus padres, que, insisto, es el de todos, el que tenemos la obligación de conocer (léase el artículo 3.1 de la Constitución Española).

Como se sabe, los progres cabalgan sobre la contradicción aun a riesgo de pisotear los derechos de los demás. Esclavos de la hipocresía y el cinismo más descarado que uno pueda imaginar, lo único que les importa es lo suyo, ya que el egoísmo, y no la justicia social o la igualdad, es su doctrina. Y, claro, los españoles se están cansando de tanta mentira. Por ello, el auge de las fuerzas patrióticas se ve como el acabose de la barra libre, el agotamiento de todos aquellos privilegios que han hecho irrespirable la convivencia en un país de naturaleza amable, considerado y solidario, aunque jamás entontecido como han creído estúpidamente los fanáticos de la izquierda. La gran mentira tiene los días contados, los mismos que tarde el felón en convocar elecciones generales

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