Las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador y el ambiente de miedo que se ha creado a raíz del anuncio del Gobierno de Donald Trump de no renovar el Tratado de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los compatriotas que lo tienen vigente hasta abril y septiembre de 2025, muestran un sesgo de crueldad que nada tiene que ver con el imperio de la ley y la defensa de los derechos humanos, tradicionalmente proclamados por los gobiernos norteamericanos.

No tengo dudas de que a quienes cometen delitos hay que aplicarles el peso de la ley. Sin embargo, uno de los grandes avances civilizatorios de Occidente y, en general de la Humanidad, consiste en que el castigo que se les inflige a quienes atentan contra la vida de personas o contra la propiedad no debe estar marcado por la venganza, sino por la obligación de sancionar a quienes infringen la norma u ocasionan daños a otros seres. La finalidad del escarmiento debe dirigirse a logar que los infractores paguen por sus actos, corrijan sus comportamientos y puedan integrarse de nuevo a la sociedad. Se trata de castigar con el fin de reintegrar. Solo aquellos sistemas donde se aplica la pena de muerte de forma generalizada no se interesan por la recuperación del condenado.

La saña con la está actuando el Gobierno de Trump contra los venezolanos, y ciudadanos de........

© La Patilla