En El otoño del patriarca Gabriel García Márquez retrata un poder que ya no gobierna sino que lo controla todo. Instituciones, ley y hasta la verdad quedan sometidas a su voluntad. Cuando un país llega a ese punto, la justicia deja de proteger a los ciudadanos y empieza a servir al poder. Venezuela conoce demasiado bien ese paisaje.

Montesquieu lo expresó con claridad en El espíritu de las leyes: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder frene al poder”. De esa observación nace un principio esencial del constitucionalismo moderno: la libertad solo existe cuando el poder encuentra límites.

Cuando esos límites desaparecen, el poder deja de ser controlado y el Estado de derecho comienza a derrumbarse. Venezuela ha vivido ese proceso de forma brutal. Por esa razón, en un momento delicado para la institucionalidad del país, la designación de quien debe encabezar el Ministerio Público adquiere una importancia extraordinaria.

La Fiscalía General de la República es una de las columnas que sostienen el Estado de derecho, la protección de las libertades ciudadanas y la credibilidad del sistema de justicia. De su independencia depende también la recuperación de la confianza internacional y la posibilidad de atraer inversiones en una etapa de reconstrucción económica.

La conducción de esa institución exige solvencia jurídica, imparcialidad, independencia política, formación intelectual, experiencia profesional y autoridad moral. Sin embargo, durante años se impuso una lógica corrosiva: gobernar significaba controlar todas las instituciones. La justicia........

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