La crisis venezolana no es únicamente económica o política; es también, y de manera profunda, una crisis de justicia y de Estado de Derecho. Durante años, los organismos internacionales han documentado de forma consistente la falta de independencia judicial, la ausencia de debido proceso y el uso de los tribunales como instrumentos de poder político. Esa documentación no es opinión: es evidencia acumulada, informe tras informe, por mecanismos que Venezuela suscribió voluntariamente y que hoy ignora con la misma naturalidad con que ignora a sus propios ciudadanos.

Sin jueces independientes, los ciudadanos carecen de protección efectiva frente a los abusos del Estado, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos. Y la falta de cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales no es un detalle técnico: es una señal clara de debilidad institucional y un mensaje explícito de impunidad, dirigido tanto hacia adentro como hacia afuera del país.

MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS SUPERFICIALES

La reconstrucción de Venezuela requiere mucho más que cambios políticos superficiales. Exige una reforma judicial auténtica, basada en independencia real, transparencia........

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