Los anuncios de la semana pasada de la dirigente opositora, Dinorah Figuera y de su contraparte oficialista, Jorge Rodríguez, sobre la conformación de un consejo de juristas, encargado de revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ para los próximos doce años, generó un alborozo no sabemos si ingenuo o colaboracionista entre diversos sectores vinculados con el tema.

El cronista, que lo último que desea es oficiar de Casandra, se toma la libertad de advertir que la cosa no era para tanto.

No hemos sido ni los primeros, ni mucho menos seremos los últimos, en encender las alarmas en relación con los supuestos efectos democratizadores de la recién reformada Ley Orgánica del TSJ.

De la muy dispar correlación de fuerzas de la fraudulenta Asamblea Nacional instalada el presente año en Venezuela (90% o más de la bancada oficialista versus algo menos del 10% de la fracción opositora y, aún, a tan exiguo porcentaje, habría descontarle los llamados alacranes o colaboracionistas.

Iniciemos el análisis numérico de la cuestión, pero con efectos demoledores contra la ansiada independencia de los próximos........

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